Un país de inmigrantes divide su historia por un muro
El 13 de agosto de 1961 en Berlín, Alemania, tras siglos de desarrollo, la humanidad vio como en una noche se construyó un altar en contra de la igualdad y la libertad, el muro de Berlín, de la vergüenza o del antifascismo. Consecuentemente, se estima que más de un centenar de personas murieron tratando de alcanzar el otro lado, fuese el occidental u oriental. Sin lugar a dudas, el muro de 150 kilómetros de largo separó miles de alemanes que compartían idioma, tradiciones y educación; aun peor, separó familias y amigos, lo que terminó fragmentando la sociedad y ocultando el mundo de occidente a los de la República Democrática Alemana.
El caso del muro de Berlín, en la actualidad, se categoriza como cruel e inhumano. Sin embargo, en estos días en Estados Unidos un muro se alza radiante entre la frontera del mismo y México. Esto último sin producir el rechazo por parte de la sociedad global civil como un muro tan inhumano como el de Berlín.
En octubre del 2006 cuando el congreso norteamericano aprobó mayoritariamente la construcción de dicho muro, una parte del mundo se levantó a protestar, sin embargo, no lo suficiente como para lograr resonancia global. Dicha cerca se alza a lo largo de más de 1200 kilómetros que tratan de impedir que mexicanos, caribeños, centroamericanos y suramericanos logren pasar hacia el país donde esperan cumplir su sueño, “el sueño americano”.
Estados Unidos ha sido reconocido a través de la historia, en especial desde la década del treinta, como el país que alberga millones de inmigrantes en el mundo, más de 37 millones de personas legales de acuerdo con la Organización Mundial para las Migraciones, y que su cultura, en gran medida, ha sido construida por quienes emigran de su país buscando una mejor calidad de vida para ellos o sus familias. Por ello, resulta muy cuestionable disponer miles de toneladas de concreto dividiendo dicho país y su vecino.
Lo que deja en evidencia la construcción del muro es el desprecio por aquellos latinoamericanos que tratan de buscar un futuro mejor y que, seguramente, no lo encontraron por los medio legales. Así, pues, lo que quiero promover no es que un país no pueda defender sus fronteras, en cambio, pretendo argumentar que la construcción de dicho muro que tiene un costo cercano a 2000 millones de dólares, es un muro de indiferencia y de muerte, porque dicha muralla lo que produce actualmente es agudización de los otros corredores, pues su cobertura es sólo de un tercio de la frontera, como la ya conocida ¨ruta de la muerte¨.
Cabe entonces concluir que se tendrá que producir un inmenso rechazo social contra el muro, además de movilizaciones de la sociedad civil global para poder mostrar nuestra inconformidad con medidas indiferentes e inhumanas, y nuestro apoyo a disposiciones que ayuden a la legalización de indocumentados, que favorezcan el erario norteamericano y por sobre todo, que no defienda posiciones racistas como las impulsadas en Arizona.
Por:David .HerreraJiménez
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Coyuntura en Francia: expulsión de gitanos y régimen pensionario
La población europea, en su mayoría, está envejeciendo de manera que la fuerza laboral disminuye al punto de ser un tema considerado ampliamente por el Parlamento europeo y las Naciones Unidas, desde hace más de dos décadas. Sin embargo, el debate parece haber olvidado una de las soluciones que podría tener este problema: los inmigrantes.
El problema del envejecimiento de la población europea trae consigo problemas estructurales para los países del viejo continente. El régimen pensional necesita de más gente que aporte dinero “nuevo” cada semana o mes para hacerlo sostenible, dado que, con base en esos ingresos es que el sistema se hace sostenible; el hecho de que en Europa la población activa disminuya, además, que la tasa de fecundidad sea baja y que la esperanza de vida sea de 80 a 90 años, sugiere implementar nuevas políticas que permitan la continuación del régimen pensional y de protección social evitando traumatismos para la población. Una de esas políticas que se debe cambiar es la de la migración, sin embargo, países como Francia parece tener oídos sordos frente a dicha situación y expulsa inmigrantes por doquier, incluso, violando las normas europeas.
La llegada de inmigrantes a Europa puede solucionar, sustancialmente, dos problemas que sufre, por ejemplo, el régimen pensional: la disminución de fuerza de trabajo y los altos índices de esperanza de vida. El aumento en la cantidad de inmigrantes que, normalmente, se trasladan de sus países originarios para buscar un mejor salario en los países receptores, significa incrementos en la cantidad de dinero recibida por los fondos de pensiones, es decir, el aseguramiento de la existencia de un régimen pensional sostenible. No obstante, en Francia se adelanta por estos días la expulsión de miles de gitanos provenientes de Bulgaria y Rumania, ambos Estados miembros de la Unión europea.
La expulsión, o “retorno voluntario”, de inmigrantes rumanos y búlgaros de Francia supone una política racista de Estado impulsada por Nicolás Sarkozy, mediante la cual los nacionales de Rumania y Bulgaria denominados “sin papeles” (término contrario a las normas de la Unión europea que permiten libre circulación y establecimiento de la población de los 27 países miembros en los mismos) han sido motivados a dejar Francia tras un incentivo económico cercano a los 300 euros, con la amenaza de que no hacerlo, al mes serán retirados sin ningún tipo de compensación económica. Una política parecida está buscando ser aprobada en Italia para con los inmigrantes albaneses, las dos actitudes estatales anteriormente mencionadas, mantienen un lineamiento parecido a la política implementada por Adolf Hitler contra los gitanos antes del holocausto.
El debilitamiento de la estructura de protección social y pensiones en varios países europeos merece una respuesta rápida, que evite traumatismos para la población y que se abstenga de implementar medidas en contra de la calidad de vida de los ciudadanos. Un contraejemplo de lo anterior es el aumento en la edad de jubilación, de 60 a 62 años, llevado a cabo por el presidente francés, Sarkozy, que más allá de ubicarse dentro de los rangos menores de retiro en Europa continúa siendo ampliamente cuestionada. Sin embargo, el Estado francés se niega a involucrar en su legislación políticas que favorezcan la condición de los inmigrantes y, por el contrario, la expulsión de gitanos impera por estos días en el país de la ciudad luz.
Por: David Esteban Herrera Jiménez
